UNA DE LAS PROPUESTAS ES QUE LA COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO SEA INTEGRADA AL CONSEJO ESTATAL DE MIGRACIÓN
En sesión de trabajo, la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, acordó mantener el análisis y revisión de la iniciativa que promueve adicionar la fracción XIV al artículo 30 de la Ley de Atención y Apoyo a Migrantes del Estado de San Luis Potosí, presentado por el legislador Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.
La iniciativa busca que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado sea integrada al Consejo Estatal de Migración, para tener un mejor acceso a las cifras de atención en favor de los migrantes, que por alguna circunstancia o necesidad pasan por territorio potosino.
Además se reconoció que los Estados tienen la obligación de aplicar estos instrumentos y normas para proteger a las personas migrantes ante la comisión de delitos ocurridos en su contra. Asimismo se expuso que en San Luis Potosí ha habido un esfuerzo, por décadas, de establecer políticas públicas de apoyo a las personas migrantes.
Acordaron enviar la propuesta a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado y al Consejo Estatal de Migración a fin de conocer su opinión sobre el planteamiento de esta iniciativa y tener más elementos para emitir un voto.
La sesión de trabajo estuvo encabezada por el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios diputado José Ramón Torres García, la vicepresidenta diputada Ma. Elena Ramírez Ramírez, y el secretario diputado Salvador Isais Rodríguez.
Posteriormente se acordó revisar otra iniciativa que busca que los 58 ayuntamientos cuenten con un padrón que a su vez sea publicado por medio de sus páginas web, de todas aquellas empresas dedicadas a brindar apoyo y asesoría a los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos por medio de la obtención de sus documentos oficiales.
Expusieron que de esta forma se estaría previniendo que las y los migrantes sean blanco fácil de aquellas empresas que no cuentan con un registro, y que sólo buscan defraudarlos, al no existir un padrón o en su caso los Ayuntamientos que lo tienen, “no lo hacen público y por lo tanto, las y los migrantes se ven impedidos a conocer que empresas se encuentran registradas de manera legal.
Acordaron que será durante la próxima sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos Migratorios cuando se determine dictaminar ambas iniciativas.
