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23 August 2017
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REFORMA A LA LEY DEL TRANSPORTE PÚBLICO; Y LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Se aprobó por mayoría, con 25 votos a favor y 2 en contra, reformar la Ley del Transporte Público; y la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de incluir un trato considerado en relación con los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y mujeres con niños en brazos, cuando se trate de la utilización del servicio de transporte público.

 

Con esta reforma se establecerá en la legislación que para  asegurar  el  acceso  de  las  personas  con  discapacidad  al transporte público urbano en las modalidades de colectivo, colectivo de primera clase y colectivo masivo; así como los sitios, terminales, bahías, centros de transferencia y vehículos, contarán, entre otras medidas de accesibilidad, con rampas, elevadores, espacios, áreas, asientos y demás mecanismos especiales de uso preferencial de las personas con discapacidad, que coadyuven a su plena inclusión a la sociedad, las que deberán cumplir con las normas reglamentarias y técnicas que para tal efecto emita el titular del Ejecutivo y demás disposiciones legales que resulten aplicables.

 

Las  unidades  de  transporte  público  colectivo  en  su  interior,  deberán  contar,  al menos, con  un área libre  y  respectivo  sistema  de  seguridad,  para  una  persona usuaria de silla de ruedas. Igualmente, los vehículos en su interior destinarán cuatro asientos para uso exclusivo de  personas  con discapacidad,  que  serán  de  uso  exclusivo,  sin  perjuicio  de los asientos que se destinen a otras personas que presenten movilidad limitada, los que deberán estar identificados y señalizados conforme al reglamento respectivo.

 

Adicionalmente, se  destinará un  diez por ciento más  de asientos  para personas adultas mayores, mujeres embarazadas o con menores de edad en brazos y niñas y niños, los que deberán estar identificados y señalizados conforme al reglamento respectivo; dichos asientos serán de uso preferencial a diferencia de los destinados a personas con discapacidad que son de uso exclusivo.

 

En todo tiempo el operador o la operadora del vehículo, como medida para garantizar a las personas con discapacidad el uso preferente del transporte público, esperarán el tiempo que resulte necesario para que los usuarios con discapacidad y movilidad limitada, asciendan al vehículo y se instalen en su interior, así como para que desciendan del mismo.

 

Además, que con el objeto de facilitar el desplazamiento de los adultos mayores, la Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes,  al  otorgar  las  concesiones  para  la prestación  del  servicio  público  de  transporte,  establecerá  que  en  cada  ruta  se tomen las medidas necesarias para la accesibilidad a éstas, así como los asientos a que se refiere la Ley de Transporte Público del Estado, debiendo realizarse de acuerdo a los Lineamientos Generales de Accesibilidad.

 

En los artículos transitorios se establece que se concede plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para que los concesionarios de transporte público urbano en las modalidades de colectivo, colectivo de primera clase y colectivo masivo, realicen las adecuaciones necesarias a las unidades destinadas a este tipo de servicios de transporte, y cumplan con las medidas de accesibilidad y lineamientos que ahora establece el artículo 44 de la Ley de Transporte Público del Estado.

 

En la exposición de motivos del dictamen aprobado se señala que de acuerdo con  el  artículo  1°  de la  Constitución  Política  de los  Estados  Unidos Mexicanos, es responsabilidad del Estado promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas por igual, sin importar el origen étnico o nacional,   el   género,   la   edad,  las   discapacidades,  la  condición   social,  las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

 

En el marco del derecho internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene como propósito, promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

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