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Matehuala
23 August 2017
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EL PODER EJECUTIVO TIENE UNA EROGACIÓN DE 7 MIL 248 MILLONES DE PESOS PARA EL PAGO DE NÓMINA

Durante su comparecencia en el Poder Legislativo y a pregunta expresa de los diputados,  el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, José Luis Ugalde Montes, informó que el Poder Ejecutivo tiene una erogación de 7 mil 248 millones de pesos  para el pago de nómina; que no se puede aplicar el programa “borrón y cuenta nueva” en tenencias atrasadas; y que no se tiene contemplado disminuir el cobro por el derecho de control vehicular o el impuesto sobre nómina.

“No se contempla una reducción general porque el derecho de control vehicular junto con el impuesto sobre nómina son los dos ingresos más importantes que tiene el estado”, expresó.

Además, no descartó que Gobierno del Estado pudiera solicitar un nuevo crédito quirografario o que haya un nuevo gravamen derivado del compromiso con la llegada de la empresa Ford; tampoco descartó que se incrementar el impuesto sobre nómina.

Por su parte, el Contralor General del Estado, José Gabriel Rosillo Iglesias, señaló que en materia de responsabilidades en este periodo que se informa se han tramitado 249 expedientes y  se ha dictado resolución a 138 y de ellos se ha desprendido que 111 servidores públicos han recibido sanciones, que van desde amonestaciones privadas hasta destituciones e inhabilitaciones,  pasando por multas inclusive.

Durante la comparecencia de los funcionarios ante el Congreso del Estado por la glosa del primer informe de gobierno,  a pregunta del diputado Manuel Barrera Guillén, Ugalde Montes detalló que  el Ejecutivo del Estado tiene una erogación de 7 mil 248 millones de pesos de nómina que incluye policías, médicos, magisterio estatal, es decir, incluye no sólo a la burocracia,  sino  toda la estructura.

A pregunta del legislador Enrique Alejandro Flores Flores, el secretario de Finanzas explicó que el “borrón y cuenta nueva” en tenencias es un tema que no está dentro del estado,  porque la tenencia es un impuesto federal, entonces todavía ahorita tiene tres años de vigencia porque se derogó hace dos, quien no haya pagado los últimos cinco años son dos de derecho de control vehicular y tres años de tenencia que tiene de atraso, “sin embargo, hemos aplicado “borrón y cuenta” con descuentos de hasta el 75 por ciento pero en las multas y recargos, en la principal no tenemos la facultad para hacer el descuento”.

El funcionario también respondió a Flores Flores cuando lo cuestionó sobre derecho de control vehicular y otros temas y  expresó “¿No habrá descuentos al cien por ciento?, no; ¿nueva deuda?, no sé; ¿sube el impuesto sobre nómina?, no sé; ¿Santa Rita está dando dinero?, sí”.

Aseguró que los  sueldos de los funcionarios de primer nivel no se van a incrementar, y “¿que puede llegar algún nuevo gravamen o alguna nueva deuda derivado del compromiso de Ford?, puede llegar.

Detalló sobre la deuda y explicó que “lo que conocemos por ley como deuda pública es la deuda bancaria suscrita con el banco, tenemos deuda quirografaria que es deuda con los bancos que no pasa por el Congreso,  la suscribe el gobernador y el secretario de Finanzas,  esa deuda en este momento es de cero, la deuda corriente que se tiene con proveedores o prestadores de servicios, con contratistas,  que ascendía a 2 mil y tantos millones de pesos;  tenemos la deuda con el sector educativo derivado del cambio de fórmula de distribución que es de aproximadamente 4500 millones de pesos, se ha sostenido, no ha crecido,  pero no se ha podido reducir, tenemos el tema de telesecundaria y de impuestos, son 8 años con esa deuda;  tenemos una deuda con asociaciones público privadas que es todo lo que es la deuda de la presa de El Realito que viene de la administración 2003-2007,  ahí se suscribió y es de 8 mil millones de pesos”.

“Entonces son distintas deudas que suman en total 22 mil 500 millones, dentro de la cual está la deuda bancaria que se conoce como deuda pública que es la deuda de 4200 millones de pesos, la deuda general  se ha bajado alredor de 300 millones de pesos, no se ha incrementado”.

Señaló que es la primera vez,  de los tres proyectos automotrices,  que no se ha solicitado deuda, “hemos  hecho un verdadero esfuerzo en materia de control de gasto para aparte de estar amortizando la deuda los primeros dos pagos que fueron de 100 millones cada uno en el mes de mayo y en el mes de junio, ya se hicieron, ya logramos sacar adelante los dos primeros pagos de los mil 17 millones que tenemos que pagar, los dos primeros ya lo hicimos con esfuerzo estatal, nos toca noviembre y diciembre, no sabemos si alcanzaremos o tengamos que recurrir a un crédito quirografario, porque el ajuste de participaciones más grande viene a finales de noviembre, pero también la derrama del gasto más importante viene en el mes de diciembre cuando se pagan los aguinaldos,  hay adeudos imporantes. Estamos valorando todo esto”.

A pregunta del diputado Sergio Enrique Desfassiux Cabello, Ugalde Montes puntualizó que en materia de  licencias, San  Luis Potosí está un poco más arriba del costo promedio en comparación a otras entidades y presentó una gráfica que señalaba que  Michoacán cobra por dos años 1,130 pesos, Chiapas 1,100 pesos, Yucatán 526 pesos, San Luis  992 pesos,  entre otras entidades y el costo promedio es de 820 pesos.

Por ello, durante el periodo que se informa  se implementó  un esquema de descuentos del 20 al 50 por ciento que han solicitado distintas organizaciones, ayuntamientos, organizaciones sociales y  empresas privadas.

En su exposición, el secretario de Finanzas de Gobierno indicó que al cierre de 2015 los ingresos estatales crecieron 13.9 por ciento respecto del ejercicio anterior, destacando un incremento en los ingresos propios del 11.8 por ciento.

En 2016 los ingresos obtenidos hasta el mes de septiembre presentan un incremento del 9.6 por ciento en comparación con los recibidos en el mismo período de 2015.

La mayor prioridad de gasto ha sido la destinada al desarrollo social de los potosinos con un 69.7 por ciento del total de los recursos.

En comparación con el cierre del ejercicio 2014, el gasto en desarrollo económico se fortaleció en 84.3 por ciento como resultado del fortalecimiento al clúster automotriz.

Para 2016 se presupuestó un inversión mayor a la de 2015 en 355.4 mdp, mientras que el nivel de ejercicio ha sido del 33.5 por ciento en comparación al 29.9 por ciento del año anterior.

El monto presupuestado en materia de deuda pública es menor en 137.8 mdp, resultado de la reestructuración de la deuda aprobada por esta soberanía.

Como resultado de las medidas de austeridad y contención del gasto, se presenta un ahorro en el gasto corriente de 28.7 mdp en comparación con el mismo periodo de 2015.

Por su parte, a  pregunta expresa del legislador Manuel Barrera Guillén sobre la gestión en el DIF de María Luisa Ramos y Héctor Chagoya, entre otros exfuncionarios,  el Contralor General del Estado Rosillo Iglesias  respondió que en el caso DIF, desayunos y alimentos, hay un dictamen de la contraloría interna del DIF de marzo de 2016 sobre un proceso de licitación nacional a una empresa por 169 millones de pesos en cuatro procesos específicos de insumos por alimentos.

“Le quiero comentar que derivado de ese dictamen se conformó la investigación, también se dio espacio para que la Auditoría Superior de la Federación hiciera su papel, ellos programaron también auditoría al fondo de aportaciones múltiples de donde se deriva el recurso que sustentó este proceso licitatorio, los supuestos que nosotros teníamos  en cuanto a irregularidades se confirmaron y se está atendiendo, se está notificando, es decir, se le dio cauce legal, se atendió y se están notificando esas irregularidades, de manera tal que tiene su proceso jurídico y seguramente ya los procesos de responsabilidad administrativa se iniciarán ya en los próximos días pero ya fueron notificados”, explicó.

En otro sentido, el funcionario informó que a través de las 25 contralorías internas existentes en las dependencias y entidades de gobierno del estado se han realizado en este periodo que se informa 327 auditorías entre financieras, administrativas, integrales, de legalidad, de operatividad y de cumplimiento.

Los funcionarios estatales  también respondieron preguntas de los diputados Oscar Carlos Vera Fábregat, Lucila Nava Piña, Héctor Mendizábal Pérez, J. Guadalupe Torres Sánchez  y Oscar Bautista Villegas, entre otros.

 

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