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Matehuala
18 August 2017
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DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD Y GÉNERO.

En sesión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, las diputadas integrantes aprobaron la modificación a la Ley de Asistencia Social a fin de que el DIF Estatal sea la entidad que emita opinión sobre las asociaciones civiles que reciban recursos por parte del estado.

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira, Presidenta de esta comisión, señaló que de esta manera, será el DIF Estatal la entidad normativa para la vigilancia y control de estos recursos, a fin de que se otorguen de manera adecuada a las asociaciones que han dado buenos resultados sobre sus labores de asistencia.

“De ahí se emitirá la opinión de quienes podrían recibir recursos por parte del Estado que se puedan tomar en cuenta en el presupuesto de egresos, ya tomando en cuenta los aspectos legales y que sea el DIF la institución que apruebe quienes están calificados para recibir o para estar conformándose en el presupuesto”.

Precisó que como lo establece actualmente la legislación, es la Secretaría de Finanzas el ente que realiza la revisión y entrega dichos recursos, facultades que pasarán al DIF Estatal.

“Consideramos que es una instancia que al dedicarse al desarrollo social e integral de las personas, es la instancia a la que le corresponde la revisión, revisarán que se apoye a las instancias que realmente trabajen a favor de la gente”.

En otro tema, se aprobó también la integración de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género como parte de la Comisión Especial de Atención a Denuncias de Periodistas, de manera que pueda apoyar con sus opiniones en la revisión de los asuntos que son turnados.

“Es una responsabilidad que en esta ocasión me tocará retomar y considero que son temas importantes que hay que estar revisando y hacer las aportaciones necesarias para la protección de la labor periodística”.

Además, se aprobó el dictamen que  desecha la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado en relación a la penalización del aborto, aún en los casos de violación, inseminación indebida o que ponga en peligro de muerte a la mujer embarazada, presentada por el ciudadano Jordi Vilet Ocaña.

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